Anàlisi política

Anàlisi política (93)

La tramoya

Blog de Juan Torres López

Aplastar a Grecia para acabar con toda disidencia

27jun 2015
 
 
 
 
 
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Después de contemplar lo que viene ocurriendo entre Grecia y la Troika en los últimos años, y especialmente desde que gobierna Syriza, hay que ser muy ingenuo para pensar que el desacuerdo actual es una fase de un debate económico honesto, es decir, de una negociación sobre la conveniencia de tomar unas medidas u otras para mejorar la situación de la economía griega y de la europea en general. Y, por supuesto, para creer, como nos dicen, que lo que se plantea es que un país, en este caso Grecia, haga efectivos sus compromisos y pague sus deudas. Si esa fuese la cuestión, Alemania (que es la potencia europea que más deudas ha dejado de pagar en el último siglo y a quien más se le han perdonado) comenzaría a saldar las muy cuantiosas que tiene con Grecia desde la última guerra mundial, por ejemplo.

Los hechos son elocuentes:

– La quiebra de Grecia vino producida por la aplicación de políticas neoliberales en los últimos decenios y por la complicidad de las autoridades europeas y de los grandes bancos internacionales con sus gobiernos corruptos y con las élites que se beneficiaron del expolio de lo público y de una fiscalidad poco progresiva. Sin embargo, estas mismas autoridades y estos bancos se empeñan en resolver el daño de esas políticas reforzando su aplicación. Un contrasentido que solo puede tener los efectos desastrosos que ha tenido hasta que llegó al gobierno Syriza y que son bien conocidos.

– Es una barbaridad que se preste dinero a alguien que está quebrado. Sin embargo, cuando Grecia estaba quebrada como consecuencia de lo que acabo de señalar, la Troika le obligó a solicitar préstamos que se sabía que, lógicamente, no iba a poder pagar. Otro contrasentido que solo puede explicarse porque dar crédito es el negocio de la banca internacional y porque esa era la manera de salvar a los bancos europeos que irresponsablemente habían financiado las políticas corruptas de los anteriores gobiernos griegos en connivencia con la banca internacional que auditaba y respaldaba el engaño.

– Cuando se reconoció la quiebra de Grecia el problema podría haber tenido una solución relativamente poco costosa y apenas incruenta socialmente. Su deuda era, por ejemplo, unas tres veces menor al dinero que los gobiernos francés y alemán dieron generosamente para salvar a sus bancos. Sin embargo, como he dicho, se aprovechó la situación para obligarla a suscribir nuevos préstamos con tipos de interés cada vez más altos gracias a la manipulación de los mercados por los propios prestamistas.

– Las políticas de austeridad (de falsa austeridad, como señalaré enseguida) han fracasado completamente. No han permitido alcanzar ni uno solo de los objetivos que la Troika decía que iban a cumplir. Han provocado una caída de casi el 30% en la actividad económica y en los ingresos, y la deuda (que se supone que era lo que iban a resolver) ha aumentado considerablemente. Ninguna, exactamente ninguna de las previsiones de la Troika al imponer estas políticas se ha cumplido.

– También son evidentes las pruebas de que esas políticas no han buscado la austeridad y soportar menos gastos sustanciales, como decían:

Se podría haber financiado a Grecia sin intereses (o con intereses irrelevantes), tal y como se viene haciendo con la banca privada para salvarla de su irresponsabilidad. Actualmente, Grecia paga alrededor del 12% de su deuda pública en intereses frente al 0,56% de Alemania y eso no se debe, como también se quiere hacer creer, a la mala situación económica griega, sino a que se renunció a que el banco central financie a los gobiernos para que hagan negocio con ello los bancos comerciales creando dinero de la nada (han llegado a cobrar a Grecia un 35% de interés por un dinero que obtenían prácticamente sin coste alguno).

Se podrían haber paralizado los gastos militares griegos pero no se ha hecho porque son una fuente de ingresos para Alemania y Francia.Ningún acreedor en su sano juicio impone a su deudor una estrategia que le impida generar más ingresos sino que procura que los genere en la mayor cuantía posible para que así pueda ir pagándole la deuda. La Troika, sin embargo, se empeña día tras día en imponer políticas que destruyen la capacidad de crear ingresos en la economía griega (las medidas recesivas que ha vuelto a imponer para llegar a acuerdos y que el gobierno griego ha rechazado con toda razón y sensatez). Como diré enseguida, no se busca en realidad que Grecia genere ingresos y pague (como quiere el gobierno de Syriza), sino que se someta y que se traspasen cada vez más recursos y poder al sector privado ya de por sí más poderoso, lo que en lugar de salvar a la economía griega la empeorará aún más, como antaño cuando se hizo exactamente eso.

– No se puede aportar evidencia empírica y científica alguna para probar que las políticas de privatizaciones, de recortes y de destrucción de instituciones que impone la Troika sean eficaces para generar eficiencia, más ingresos y mejor condición económica. En ningún país en donde se han aplicado las medidas de austeridad que propone la Troika se han conseguido los efectos que dicen que van a conseguir para tratar de convencer a la población. Así lo demuestra claramente el libro de Mark Blyth Austeridad. Historia de una idea peligrosa.

– Las políticas impuestas por la Troika solo se han dirigido a facilitar que los grupos económicos y la población de mayor renta se apropien de cada vez más ingreso y patrimonio. Un reciente informe (Greece: solidarity and adjustment in times of crisis) lo deja bien claro: los ingresos salariales han caído un 27% entre 2009 y 2014, los impuestos han subido en un 337% para los grupos de menor ingreso y menos del 10% para los más elevados, y el 10% de la población más pobre ha perdido el 82% de sus ingreso desde 2008. Otros muchos estudios han mostrado que las políticas de la Troika han hecho que Grecia sea el país europeo en donde más han aumentado el riesgo de pobreza y la exclusión social y que el traspaso patrimonial desde los más pobres y desde el Estado a los más ricos ha sido ingente.

– Como han dicho reiteradamente, las autoridades griegas no se oponen a pagar las deudas sino a que se cierren las fuentes de ingresos que permiten pagarlas y mantener condiciones de vida digna de su población. Y tampoco se han negado, ni siquiera, a realizar reformas en la línea impuesta por sus acreedores, a pesar de estar en contra de sus deseos y compromisos electorales.

– La única mejora que se ha producido en la economía griega fue tras la reestructuración de la deuda, que es lo que principalmente reclama el gobierno griego. Y diversos informes han mostrado que hay otras vías distintas para generar ingresos que permitan que Grecia salga adelante, a diferencia de lo que viene ocurriendo con las que ha impuesto hasta ahora la Troika (ver mi artículo Grecia y Syriza frente a una Europa en evidencia).

Es indiscutible que la Troika no ha logrado mejorar la economía griega con sus medidas y ni siquiera que los acreedores tengan más oportunidades de cobrar (en realidad, éstos han prestado con tantos intereses que tienen casi seguridad total de cobrar el principal por muy mal que se pongan las cosas).

¿Por qué, entonces, las autoridades europeas se empeñan en cerrar cualquier salida al gobierno griego?

La razón es sencilla: no se trata de huevo sino del fuero. Es decir, lo que persigue la Troika, con la señora Merkel a la cabeza rememorando lo que los aliados hicieron en el siglo pasado a su país, es mantener la primacía de sus políticas y de los intereses que defienden. Lo que buscan es evitar cualquier disidencia porque no pueden permitir que se manifieste ningún tipo de hendidura, por pequeña que sea, por donde entre una nueva manera de poner en marcha el proyecto europeo o de salvar a los pueblos.

Por eso, la única manerdeben retratarse: o están con los pueblos o contra ellosa de luchar contra la dictadura de la Troika y de las autoridades europeas es con democracia (a la que temen como al diablo) y poner en frente de sus designios la voz nítida e indiscutible de los pueblos. El gobierno griego ha hecho bien convocando el referendum. Ahora, las autoridades europeas 

Viernes, 19 Junio 2015 15:13

Terremoto en el escenario político

Escrito por

Nº: 225   Julio  2014


Terremoto en el escenario político

 

¿Qué es 'Podemos'?

 

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Iñigo Errejón  

Doctor en Ciencia Política y responsable de la campaña electoral de ‘Podemos’.

País:  España 
Tema:  Elecciones, Ideología, Partido político, Izquierda

 

 

Las elecciones europeas del pasado 25 de mayo en España, que vieron la irrupción de ‘Podemos’, se desarrollaron en un contexto de grave crisis social y democrática. Por un lado, las políticas de ajuste impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy provocan un masivo empobrecimiento, un incremento de las desigualdades y una desposesión de las mayorías sociales para una mayor concentración de la renta y del poder en manos de la oligarquía. Al mismo tiempo, la capacidad de las elites para generar consenso está erosionada, y lo que algunos llaman “desafección democrática” es un fenómeno de divorcio entre la ciudadanía y sus representantes, percibidos como un grupo cerrado que trabaja para sus propios intereses y no para los de España.

 
 
 
  vivienda                                                 
 
VIVIENDA
 
 
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Barcelona, Madrid y Valencia buscan ser ciudades libres de desahucios tras los cambios de gobierno.

 Diagonal
 
16/06/15 · 8:00
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Simpatizantes de Barcelona en Comú esperan los resultados el 24 de mayo. / GUILLAUME DARRIBAU
 
 
 
Barcelona, Madrid y Valencia son las tres provincias con mayor número de viviendas vacías del Estado,
 
 también las que sufren un mayor número de desahucios. Algo podría cambiar, sin embargo, en sus tres capitales, si las nuevas
 
candidaturas que formarán gobierno en todas ellas cumplen con sus programas electorales en materia de vivienda. 
 
En la capital catalana, la candidatura de Barcelona en Comú, liderada por la exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hi–p
 
oteca (PAH) Ada Colau, ha presentado desde el inicio el derecho a la vivienda como uno de sus frentes de batalla. De hecho, menos
 
de 48 horas después de su investidura, el 15 de junio, Colau acudía a Nou Barris, el distrito con mayor número de desahucios de
 
Barcelona, a paralizar uno de los nueve que había previstos. Todos ellos han sido parados. Una de las iniciativas de la futura
 
alcaldesa será también reunirse con los jueces de Barcelona para “intentar parar los desahucios desde la salida”, explica Josep Maria
 
Montaner, arquitecto y concejal electo por Barcelona en Comú. 
 
En cualquier caso, “cuando entremos vamos a activar la reserva de pisos de alquiler social para que, en caso de que al principio no
 
 
se puedan detener, las personas desahuciadas sean inmediatamente realojadas en el mismo barrio en pisos municipales”. El parque
 
de viviendas en alquiler social en la capital de Catalunya es de 10.600 viviendas, menos de un 2% del total de casas en alquiler, “una
 
cifra muy baja en relación al estándar europeo”, dice Montaner, que indica que la intención del Ayuntamiento en los próximos cuatro
 
años es “incorporar 2.000 viviendas nuevas –2.000 gestionadas directamente por el Ayuntamiento y otras 2.000 de operaciones nuevas–
 
y 4.000 viviendas vacías incorporadas a partir de
 
propietarios privados, rehabilitación, bancos, etc., para incrementar este parque tan reducido de vivienda social”. Con ello se pretende
 
hacer frente a la dificultad de acceso a la vivienda y a los desahucios en la ciudad, de los cuales entre un 60% y un 70% son por impago
 
de alquiler. Además, según indica Montaner, la puesta en marcha de un importante parque de alquiler social ayudará a empujar a la
 
baja los alquileres con precios de mercado, que en la actualidad no cesan de subir en la ciudad.
 
Desde la PAH, indica su portavoz en Barcelona, Carlos Macías, “celebramos que varias candidaturas hayan incorporado en sus programas
 
electorales las demandas de la PAH en la parte de vivienda y que hayan llegado a los gobiernos municipales”, pero recalcan que esta plataforma es apartidista y “vamos a hacer como hemos hecho hasta ahora con todos los gobiernos y grupos: poner encima de la mesa nuestras demandas, colaborar para que se puedan llevar a cabo, pero, si no se cumplen, exigir, presionar y señalar”. 
 

Sancionar pisos vacíos

Una de las exigencias de esta plataforma sigue siendo las sanciones a pisos vacíos en manos de entidades financieras, algo ya previsto
 
en la Ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007, además de en el anteproyecto de Ley del Impuesto a las Viviendas Vacías, pero
 
sólo aplicado en algunas localidades. En un año y medio sólo se han detectado 16 viviendas vacías de las 88.000 que hay en Barcelona,
 
denuncia Macías, que afirma que ha habido “una clara falta de voluntad política para aplicar esta medida”. Una medida también prevista
 
en el programa electoral de Barcelona en Comú. Montaner indica que el primer paso en este sentido será tratar de convencer “amistosa–
 
mente” a las entidades financieras para que cedan parte de su parque de viviendas para destinarlo al alquiler social. “La idea es siempre
 
negociar en positivo y, si no hay manera, presionar con los medios legales que tengamos a mano desde la administración municipal”,
 
 explica. 
 
De momento, las entidades financieras han reaccionado a los cambios de gobierno en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia
 
prometiendo poner en alquiler las 4.500 viviendas que aún siguen vacías de las 6.000 que cedieron al Fondo de Vivienda Social del
 
Gobierno, unas cifras ridículas si se tiene en cuenta que este fondo se creó hace dos años y medio y que desde 2007 se han iniciado
 
más de medio millón de procedimientos de desahucio en España.
 
“Nosotros tenemos que seguir en la calle más fuertes que nunca”, dice Carlos Macías, que añade que mientras no se consiga poner
 
en marcha las reformas legales necesarias para abordar la emergencia habitacional, desde la PAH seguirán parando desahucios, realo–
 
jando familias en bloques vacíos de entidades financieras a través de la campaña Obra Social y arrancando daciones, condonaciones y
 
alquileres sociales a los bancos. Por otro lado, “si realmente nos encontramos con gobiernos municipales valientes y que tomen medidas
 
encaminadas a responder a nuestras demandas, es necesario que en la calle haya presión suficiente por si sufren un bloqueo de diferentes
 
partes, que vean que hay un apoyo social, no hacia un partido en concreto, sino  hacia el cumplimiento de estos objetivos”, finaliza.
 

Expolio en Madrid

“Nos vamos a encontrar con el expolio de la vivienda pública en Madrid,eso lo tenemos claro”, dice Carolina Pu­lido, de la mesa de
 
coordinación de Ahora Madrid y procedente de la PAH. Y es que en los últimos cinco años, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
 
(EMVS), una de cuyas principales labores es en teoría permitir el acceso a la vivienda a personas en riesgo de exclusión, ha vendido
 
más de 2.500 viviendas –de las 8.500 de las que disponía– a fondos buitre como Lazora o Blackstone, y ejecutado cientos de desahucios. 
 
Frente a esto, el programa con el que se presentó la candidatura liderada por la futura alcaldesa, Manuela Carmena, plantea la recupe–
 
ración de la EMVS como garante de la función social de la vivienda, así como la “reversión de la venta de viviendas” realizada por esta
 
entidad. “Hasta que no lleguemos al Ayuntamiento y veamos qué nos vamos a encontrar va a ser difícil empezar a plasmar sobre el papel muchas cosas, así como saber qué hay y qué se va a poder recuperar de la EMVS”, reconoce Pulido, que añade que la reversión de la venta a fondos buitre dependerá también de la deuda que el Gobierno municipal del PP ha dejado. Por ello, esta formación ha prometido realizar una auditoría de la deuda de la EMVS para “determinar responsabilidades en la compraventa de terrenos durante la burbuja inmobiliaria y su relación con la deuda del Ayuntamiento”. 
 
Uno de los puntos que más se han perfilado en los últimos días en Madrid es la creación de una oficina que, explica Pulido, mediará
 
entre las entidades bancarias y las personas afectadas “en relación siempre con los servicios sociales para evitar que nadie se quede en la calle”. De momento, la propia Carmena ha iniciado contactos tanto con la judicatura como con las entidades financieras para tratar, por un lado, de frenar los desahucios ya en los juzgados y, por otro, de que los bancos pongan al servicio del Ayun­tamiento su stock de viviendas va­cías. Después de una primera reunión con José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, “de momento no hay ningún compromiso, ha sido una primera toma de contacto”, dice Pulido.
 
“Hay otras muchas medidas que aparecen en el programa, y para elaborarlas hubo mucha gente que está en el movimiento de vivienda,
 
no sólo de la PAH, que participaron en poner encima de la mesa estas demandas”, indica Pulido. Sin embargo, el papel de los movimientos en lucha por la vivienda, desde las PAH hasta los grupos de vivienda de barrio, “sigue estando en la calle, haciendo esa labor de vigilancia que es fundamental. Tienen que seguir haciendo contrapoder, aunque les resultará mucho más fácil participar y presionar desde fuera porque las herramientas se van a poner en marcha”, concluye. De momento, la que con mucha probabilidad será responsable de vivienda en el Ayuntamiento, Marta Higueras, ya ha solicitado una reunión con la plataforma.  
 

Rehabilitar Valencia

También en Valencia una de las primeras medidas que deberá tomar el nuevo gobierno municipal, surgido de un acuerdo
 
entre Compromís, València en Comú y el PSOE, será la creación de una oficina de intermediación entre entidades financieras y
 
afectados, además de la negociación con los bancos, especialmente aquellos que han sido rescatados, y la Sareb, para que
 
pongan a disposición del Ayunta­miento su stock de viviendas va­cías, señala Isabel Lozano, concejal electa por Compromís.
 
Luis Alis, de la PAH de Valencia, dice que una de las exigencias de la plataforma es “que haya realmente un parque de vivienda
 
en condiciones”, tanto de la Administración como de las entidades bancarias, para hacer frente a los desahucios. 
 
Hay posibilidades de acción en caso de que los bancos se nieguen. Una de ellas, dice Lozano, es que “como Ayuntamiento,
 
a la hora de contratar servicios financieros, lo hagamos con entidades que no lleven a cabo desahucios o que estén colaborando
 
en esa medida de poner a disposición de un alquiler social su stock de vivienda”, una medida similar a la que varios municipios
 
de distintas comunidades han tomado en los últimos años, retirando o amenazando con retirar sus cuentas de los bancos que
 
ejecutasen desahucios en esas localidades. 
 
A todo esto se sumaría la “revisión a fondo” de la gestión de la empresa municipal de vivienda, AUMSA, y rea­lizar una gestión
 
más transparente y participativa de la entidad, según reivindica la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública. De momento,
 
Lozano reconoce que en cuatro años el grupo municipal de Compromís no ha conseguido averiguar cuál es el stock de vivienda
 
social de la ciudad, “dada la opacidad del gobierno municipal del PP”. 
 
“No necesitamos crecer con políticas de vivienda de nueva construcción hacia fuera de la ciudad, sino que hay que replantearse
 
la ciudad que ya existe”, dice Lozano. De hecho, en Valencia existen entre 50.000 y 60.000 viviendas vacías, por lo que esta concejal
 
considera prioritario catalogar viviendas y edificios que necesitan una rehabilitación urgente, llevar a cabo esta rehabilitación,
 
promover la vivienda pública y fomentar el alquiler como “modalidad más sostenible económica y socialmente”. Y para ello
 
proponen  también una oficina del alquiler que medie entre propietarios e inquilinos y proporcione una garantía jurídica para
 
que más viviendas vacías salgan al mercado. 
 
También Luis Alis considera positivo un cambio de gobierno en la ciudad, aunque recalca que “la PAH no tiene que tener un color
 
municipal, su papel es exigir y denunciar, porque desde las instituciones no hay todavía ningún mecanismo que evite los desahucios,
 
y su papel sigue estando en la calle, delante de las casas y ante las entidades bancarias”.
 
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Apuntes sobre la necesaria construcción de una fuerza popular

 

 

1. Tras las elecciones municipales y autonómicas la correlación de fuerzas sólo ha cambiado algo en lo institucional. La debilidad de la población en nuestras sociedades sigue siendo extrema. El capitalismo monopólico global genera posibilidades de movilidad del capital y de utilización de un ejército de reserva mundial que no para de crecer. El poder social de negociación en la arena laboral se resiente drásticamente de ello, mientras que el poder del empresariado crece sin cesar
 
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Algunas ventajas de los gobiernos plurales


 

Las elecciones del pasado domingo avanzan un duro escenario de fragmentación política en España”. El diario Expansión, en la edición digital, lanzaba el lunes su primera diatriba contra unos resultados electorales que han caído como granizo sobre las elites de poder tradicionales. El artículo, titulado “Así interpreta el mercado los resultados electorales”, daba el pistoletazo de salida a la campaña propagandística con que tratarán de enfangar el debate político.

 

 

             

 
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La Mostra del Llibre Anarquista de Valencia presenta
 
“La apuesta directa. Debate libertario y ciclo político” (Enclave)
 
El anarquismo ante los nuevos tiempos


 

Reformular el anarquismo ante los retos del presente, someter los planteamientos libertarios a discusión e imaginar prácticas de autogestión en la sociedad actual son los objetivos del libro “La apuesta directa. Debate libertario y ciclo político” (Enclave), obra colectiva que se ha presentado por primera vez en la Mostra del Llibre Anarquista de Valencia. En ello hay “una cierta urgencia”, afirma Mario Domínguez, profesor de Sociología de la Universidad Complutense y autor del epílogo: “Lo importante es oponernos y contraatacar con fuerza a la guerra de clases que el capitalismo libra ya de modo descaradamente dictatorial”.


El libro aborda desde una perspectiva radical y transformadora muchos de los problemas actuales. Sobre el Estado de Bienestar, el militante anticapitalista y doctor en Historia Contemporánea Juantxo Estebaranz recuerda que ha sido “la mayor realización del totalitarismo del capitalismo desarrollista y que ha sido éste el que ha culminado el camino de desposesión iniciado con el propio capitalismo”. En plena crisis y desmonte del “estado social”, pueden ahora plantearse “propuestas paliativas para nuestras necesidades más básicas que sean germen de una autoorganización popular”.

El activista cultural e historiador Octavio Alberola señala en un artículo titulado “Los retos del movimiento emancipador en el siglo XXI” que la gente se está “reencantando” por la política como en otras ocasiones. Alberola entra de lleno en la disyuntiva entre “vieja” y “nueva” política: “Y eso pese a que el discurso actual de los nuevos políticos no deja de ser tan artificial y demagógico como el de los viejos; de ahí el extraordinario esfuerzo mediático para promocionar a estos nuevos mesías”.

 
Por otra parte el politólogo Carlos Taibo recuerda las palabras con las que el escritor francés George Bernanos se refería al realismo: “La buena conciencia de los hijos de puta”. Según Taibo, “frente a este mezquino realismo no podemos hacer otra cosa que recordar que quienes creemos en la autoorganización, la autogestión y la autonomía estamos aquí, y que no somos pocos”. No se aleja demasiado de esta línea de análisis José Luis Carretero, miembro de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera, quien finaliza su artículo con la propuesta “Inventar una nueva ética y una nueva estética”. Según Carretero, “la principal batalla ganada por el Capital en estas últimas décadas ha sido la batalla cultural, la batalla por el sentido”. Por tanto, “hay que inventar un nuevo arte de vivir, una nueva estética en todo (en el cine, en el teatro, en la poesía, en la literatura política…), que nos permita apostar por la revolución social (…)”.

 
En un artículo de 26 páginas el Grupo de Reflexión para la Autonomía indica algunas de las dificultades mayores que se plantean en la praxis: “El paradigma social dominante promueve la comodidad y la rapidez, cuando el proceso de cambio revolucionario es duro y lento; este paradigma empuja a muchas personas a aquello que podríamos denominar inmediatismo, a querer resultados y a esperarlos ahora mismo”. En el texto se propone una “revolución integral”, que supere “el falso dilema entre cambio social o cambio personal (…); no podemos pretender hacer ninguna modificación sustancial del orden establecido si no nos autoconstruimos al mismo tiempo como sujetos con voluntades, voluntad y riqueza interior”.

 
El colectivo Cul de Sac se centra en “la deserción del mundo industrial”, y expresa esta necesidad sin medias tintas: “Consideramos absolutamente incompatible la civilización industrial con el anarquismo”. Entre otras razones porque “la contracara de la cómoda, high-tech y policromada existencia moderna son las cientos de millones de personas que subsisten a duras penas en medio de la miseria y desesperación más lacerantes”. El artículo tiene un recuerdo para los ludditas, obreros manuales cualificados de la industria del tejido que en la década de 1810 combatieron los procesos de mecanización. En la conclusión, el texto de Cul de Sac coincide con otras aportaciones del libro: “Nuestros pasos deben ir orientados a la creación de espacios de autonomía en los que gestionar la mayor parte de nuestras vidas”.

 
José María Olaizola, exsecretario general de la CGT entre 1993 y 2001, realiza una fuerte autocrítica y reconoce el peso de las nuevas experiencias políticas. “Es innegable que Podemos ha creado ilusión, ha supuesto que decenas de miles de jóvenes hablen de política (…)”. Además, Podemos “está ocupando la mayoría del espacio correspondiente a lo que podemos llamar izquierda alternativa, combativa, libertaria”. Otro asunto secularmente polémico en el mundo libertario es el de la participación electoral: “Ni votar ni no votar, por sí solos, van a solucionar nada (…); no creo que los problemas actuales dependan de si se participa en las elecciones o no”, afirma Olaizola.

 
Javier Encina y María Ángeles Ávila realizan una introducción a la noción de “desempoderamiento”. No se trata de tomar al poder (mediante vanguardias o con partidos por la vía electoral), ni de promover el “empoderamiento” o de forjar un “contrapoder”. Se trata por el contrario de poner en el centro la “autogestión”. En el modelo de “desempoderamiento” son las mujeres quienes protagonizan la participación, y las revoluciones además no se fían a un largísimo plazo sino a “vivir el Mundo Nuevo desde ahora”. Constituyen un referente los Caracoles zapatistas y las Juntas Vecinales de El Alto (Bolivia). La propuesta parte de la “microfísica del poder” (Foucault): “El poder aparece en todos los espacios y territorios en que vivimos, y en algunos somos prisioneros de la conducción del poder y en otros conducimos con nuestro poder”.

 
La participación electoral y la aceptación del poder estatal “nos hace más vulnerables y dependientes, porque ambas se sustentan en la enajenación de la propia voluntad”, afirma Rafael Cid, periodista y analista de Radio Klara, Kaos en la Red, y Rojo y Negro. Frente a los discursos rupturistas e hipercríticos que se quedan en la virulencia verbal, Rafael Cid afirma que toda renuncia a los medios alternativos “anuncia una derrota política, ética y personal”. Es la coherencia entre fin y medios para desbordar el actual estado de cosas. “Las revoluciones, las protestas, las rebeliones o las simples disidencias brotan cuando el individuo que está inmerso en la masa recobra su autonomía como zoon politikon”, remata el periodista.

 
En uno de los artículos de Carles Sánchez y Socorro Pérez, del colectivo Etcétera, diseccionan el origen de la crisis económica y matizan muchas de las versiones oficiales. “La caída de la inversión, uno de los elementos más significativos de la última crisis, no quiere decir que no haya inversión, sino que no se realiza en la misma empresa, ya de por sí deslocalizada o sobrecapacitada”. La plusvalía y las inversiones buscan una mayor rentabilidad en el sector financiero, es decir, la formación de capital ficticio. Los autores desmienten otro de los lugares comunes que se reiteran en los discursos: la necesidad de recuperar la economía productiva. Pero “las empresas más importantes de la economía productiva participan en el llamado mercado de capitales, donde emplean el dinero de todas las formas posibles”. No se daría por tanto tal disyuntiva.

 
El exsecretario general de la CNT y conductor de autobuses en Córdoba, Alfonso Álvarez y Paco, pone el énfasis –en un artículo titulado “Sindicalismo o barbarie capitalista”- en los efectos nocivos de la ideología “ciudadanista”: “Ha destruido la vieja visión obrerista de la sociedad, se ha unido al desclasamiento de los trabajadores, alocadamente subidos al tren de una clase media que la crisis está deshojando con rapidez”. Imposibilidad de planificación vital, jornadas cada vez más largas, despido prácticamente gratuito, caída de los salarios… “Una gran mayoría somos más dependientes del factor trabajo en nuestra vida de lo que lo fueron las dos generaciones precedentes”, subraya el sindicalista. Las reivindicaciones laborales tienen hoy, sin embargo, menos adeptos que otras causas defendidas por los movimientos sociales. A ello no es ajeno el mecanismo de elecciones sindicales, según el autor, “creado para corromper y paralizar a todas aquellas organizaciones que se presten a participar de él”.

 
En un artículo de “Experiencias y reflexiones”, la Federación de Estudiantes Libertarios destaca cómo en Madrid -surge tras el 15-M y el movimiento contra el Plan Bolonia- Tomalafacultad, una estructura que coordina las asambleas de estudiantes de facultad. Son precisamente las asambleas las que desempeñan el rol principal en la participación política y la movilización, no los órganos ni juntas de representación. Entre otros hitos en el recorrido reivindicativo, destaca la ocupación del rectorado en 2013 por parte de estudiantes de la Universidad Complutense, que pedían mejoras en el sistema de becas. En marzo de 2014, coincidiendo con las Marchas del 22-M, se decidió la ocupación del vicerrectorado. Tomalafaculatad convocó una huelga el 26 de marzo. La policía, con el visto bueno del rector de la Complutense, José Carrillo, detuvo a 54 personas y entró, lo que tampoco constituye una excepción, en el recinto universitario.



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Telefónica y su cadena de explotación
 
 
 

La Marea

 

Jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, de las cuales sólo cotizan cuatro; trabajo de lunes a domingo y un salario que apenas alcanza los 800 euros al mes, a los que hay que descontar el gasto en carburante y aparcamiento derivado de los desplazamientos para instalar ADSL y fibra óptica o para efectuar reparaciones. Éstas son las condiciones de trabajo que padecen miles de empleados en todo el Estado del eslabón más débil de la cadena de contratas y subcontratas sobre las que se apoya Telefónica para maximizar beneficios: 3.178 millones de euros en 2014, 4.593 millones un año antes.

Tras años de progresiva precarización de las condiciones laborales en la multinacional de telecomunicaciones –y 50.000 empleos fijos menos– desde que el gobierno de Felipe González pusiera las bases para su privatización en 1994 y Aznar la culminase dos años después, la reducción de precios del nuevo contrato ha desatado la batalla: por primera vez, miles de trabajadores y trabajadoras que están subcontratados o trabajan como autónomos para diferentes empresas se han unido en una huelga indefinida para luchar contra su empleador final. “A pesar de llevar tantos días en paro la gente cada vez tiene más ánimos, porque para cobrar un salario de 600 euros es preferible aguantar hasta el final”, expone José Luis Amaro, trabajador de una subcontrata y miembro del comité de huelga de la Comunidad de Madrid.

La coordinación entre los trabajadores tiene un especial valor dada la atomización entre los empleados. Para un mismo trabajo, hay quienes están en plantilla de Telefónica, quienes trabajan para una contrata directa de la compañía, quienes lo hacen para una subcontrata y quienes se hicieron autónomos bajo la promesa de poder alcanzar el mileurismo.

“Lo que nos ha costado más es juntar a toda la gente. En Barcelona hay 1.600 personas que trabajan para Telefónica entre autónomos, empleados de contratas y de subcontratas, la inmensa mayoría sin comité de empresa ni delegados sindicales”, señala Josep Bel, empleado de la compañía y miembro del sindicato Co.Bas, que asesora a los trabajadores en un paro que ha rebasado la función de los sindicatos mayoritarios, que se subieron a la ola posteriormente convocando paros de dos días semanales. “Están haciendo asambleas abiertas, unitarias, recuperando la mejor tradición del 15-M y de la democracia de base. Una persona, un voto, sean de la empresa que sean”, detalla Bel.

Los trabajadores calculan el seguimiento de la huelga en el 85%, sobre todo en Madrid y Barcelona. El nuevo convenio en bucle, que afecta a unos 20.000 trabajadores y que la multinacional renueva con las contratas cada tres años, implicaría que un empleado de subcontrata difícilmente pudiese alcanzar los 600 euros mensuales, denuncia José Luis Amaro.

Diferencia de plantilla

En 2012, se rebajaron los baremos en un 30%. Pese a que tras estallar la movilización Telefónica aseguró que prorrogaría los contratos actuales, los huelguistas ya no se conforman con parar el nuevo convenio. Piden que se deroguen los “contratos bucle”, que todos los empleados cobren lo mismo por el mismo trabajo –el sueldo mínimo en Telefónica es de 1.700 euros mensuales–, y que todo aquel que lo desee pueda integrarse en la plantilla.

“Queremos lo que cualquier trabajador, un contrato de ocho horas y unas condiciones dignas, porque lo de ahora es una esclavización, y estamos trabajando para una multinacional que todos los años tiene unos beneficios abismales”, apunta Amaro. Explica que hace 17 años, cuando entró a trabajar en Telefónica, le ponían “el coche y la gasolina, dos pagas extra… Ha habido un cambio radical. Hay compañeros que llevan 22 años trabajando para la empresa y han perdido la vivienda porque no podían pagarla”.

Mientras, en la parte noble de la cadena se instalan ex políticos del PP como Eduardo Zaplana –con un salario de 600.000 euros anuales– y del PSOE, como Javier de Paz, que en 2012 percibió 1,07 millones de euros. El presidente de la compañía, César Alierta, se embolsó 6,7 millones de euros en 2014, un 16% más que el año anterior. El día en que detuvieron a Rodrigo Rato, éste seguía siendo asesor de Telefónica para Latinoamérica, puesto remunerado con 100.000 euros anuales.

Fuente: http://www.lamarea.com/2015/05/01/telefonica-y-su-cadena-de-explotacion/



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Martes, 21 Abril 2015 19:20

Trabajos precarios, vidas precarias

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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-04-2015

 

 
Trabajos precarios, vidas precarias

Cuarto Poder

 

En un oxímoron perfecto, decía el presidente de una de las mayores empresas de trabajo temporal: “la seguridad del trabajo temporal se infravalora”. Si nos ponemos estupendos y nos da por ver el lado positivo de todas las cosas, también podríamos decir que se ha demonizado en exceso la esclavitud. Al fin y al cabo no tenías que preocuparte por la renovación del contrato, ni por las cotizaciones a la Seguridad Social, ni andar pendiente de que tus hijos encontraran curro. Además, te podía tocar un amo majete que no te azotase mucho.

 

Según su lógica, tendrían que estar encantados los trabajadores de Movistar, y no en huelga indefinida contra la precariedad y un nuevo ‘contrato en bucle’ que empeora su situación aún más, que piden el pase a plantilla del personal subcontratado y autónomo. O los empleados del Pompidou y Museo Ruso de Málaga, a los que pagan la hora a 3,95 euros, siendo muchos titulados universitarios, y que refleja las consecuencias de la llamada externalización en un campo como la cultura, que supone más beneficios y más precariedad.

 

En vez de plantear la derogación de la reforma laboral que desprotege a los trabajadores frente al despido y potenciar la contratación indefinida, alguna fuerza como Ciudadanos recupera la idea de un ‘contrato único’ que ya venían proponiendo los sectores ultraliberales y empresariales. El contrato único no es otra cosa que un despido-express sin causa, algo de dudosa constitucionalidad y que deja sin ninguna tutela al trabajador ante la arbitrariedad del empresario. Aunque se presente como un avance al fijar una indemnización progresiva en función de la antigüedad, ésta no llegaría a ser muy grande con lo que el despido seguiría siendo muy barato, produciendo un efecto sustitución del empleo indefinido. Lejos de dar estabilidad al empleo, acabaría precarizando todos los contratos

 

Los datos globales, según la última EPA, son estos: 5.457.700 parados, 3.511.100 contratados temporalmente y 2.820.400 contratados a tiempo parcial. Lo que indica una tremenda dualidad del mercado de trabajo producida por las sucesivas reformas laborales, desde Felipe González hasta Rajoy, al abaratar el despido y convertir trabajos indefinidos en temporales, unido a un amplio menú de modalidades de contratación precarias. Por otro lado, la caída salarial que se presenta como un éxito de las reformas, es en realidad un grave problema: según los últimos datos conocidos, el salario por hora en España se aleja de la media de la zona euro, pasando a ser un 72,6% del promedio europeo, los empleados a tiempo parcial cobran un 33,7% menos por hora trabajada y el ser mileurista hoy se convierte, para muchos, en un sueño.

 

La combinación de paro, precariedad y bajos salarios, más la gigantesca transferencia de plusvalía de los trabajadores y clases medias a las élites que se ha dado con la crisis, ha producido la pobreza de muchos y el enriquecimiento de unos pocos. Las cifras son escalofriantes. Casi 13 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión en España, según el informe de la Red Europea de lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social; estarían afectados el 31,9% de los niños del país. La desigualdad se ha disparado y según el indicador Gini la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población que más gana multiplica por 6,3 la percibida por el 20% con menos ganancias. Es posible y necesaria otra sociedad donde no se produzca la obscenidad de que muchos “mueran de hambre porque otros mueren de indigestión”, como decía Eduardo Galeano.

 

Hay dos grandes cuestiones sobre las que reflexionar para elevar las expectativas del país y de su población y combatir la desigualdad:

  1. La necesidad de un nuevo modelo productivo que se oriente hacia la creación de empleo y la sostenibilidad. Es evidente que el modelo de crecimiento impulsado por las políticas neoliberales, basado en el sector inmobiliario, la construcción y el ajuste presupuestario, ha debilitado el sector industrial, y ha producido recortes en I+D y en los presupuestos de las universidades. Cambiar esta situación pasa por la apuesta por planes industriales, por potenciar la investigación tecnológica y la innovación empresarial, por el impulso a la economía social y por una serie de reformas y medidas (energéticas, infraestructuras, etc.) que faciliten la competitividad y desarrollen sectores con más valor añadido. Si no lo hacemos, seguiremos profundizando en un modelo económico improductivo, especulativo y con acusados rasgos tercermundistas que colocan al país en una posición periférica a nivel mundial.
  1. La garantía de un empleo digno y de calidad, es decir, con derechos, mejores salarios y con un Estado de Bienestar que proteja suficientemente a la población. Si todo lo que la economía puede ofrecer a los parados es empleo precario; a los jóvenes, que van a vivir mucho tiempo con sus padres y peor que ellos; y a muchas mujeres, resignación porque no van a poder incorporarse a un empleo retribuido, estamos ante un fracaso colectivo que aumentará la desigualdad y las tensiones sociales.
  1. Mientras sigan existiendo empleos con bajos salarios y malas condiciones laborales seguirá habiendo trabajadores precarios y con una elevada rotación, que difícilmente podrán organizar su vida con un mínimo de estabilidad. Estamos volviendo a configurar una clase de trabajadores pobres de los que hablaba Hobsbawm, que fueron la carne de cañón de las etapas más duras de la revolución industrial y que tenían marcada su vida por una profunda inseguridad. Reproducir estas situaciones hoy en día es algo disparatado que los trabajadores y la ciudadanía no pueden permitir, porque es negar el futuro al país y a los millones de personas que lo habitamos. Y cuando la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas es tan vulnerable, la democracia también es precaria. En el fondo se trata de la lucha contra la desigualdad y por la justicia social, porque cuando la pobreza, la precariedad afecta a tantas personas ¿podemos hablar de democracia?

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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Portada :: España
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-04-2015

 

Entrevista a María Pardo, autora del documental “Las caras de la dignidad”
 
 
“Las grandes historias olvidan muchas veces la realidad de la calle”


 

Para poner rostro a la pobreza no son necesarios trabajos monumentales. En el documental “Las caras de la dignidad” la autora, María Pardo, toma como material las manifestaciones a pie de calle y el papel de esos activistas anónimos que la crisis ha movilizado. “Es impresionante cuando hablas con la gente y te descubre su vida”, afirma. Además, “hay muchas veces que con las grandes historias y los relatos grandilocuentes te pierdes, y no tocas la realidad de la calle”. No aparece en el audiovisual, pero la autora podría incluirse como otro de los personajes. Participa en el área Internacionalista de la Red de Solidaridad Popular (RSP), donde lleva las redes sociales y desde hace poco se ha iniciado la colaboración con el Frente Polisario. También milita en las Juventudes Comunistas del País Valenciano. María Pardo, de 28 años, trabaja de camarera. Mientras se licenció en Comunicación Audiovisual, ya conoció la precariedad en diferentes empleos: monitora de comedor escolar, animadora en comuniones, promotora en centros comerciales o camarera (en “negro”). “Las caras de la dignidad” es una llamada a la acción.

-¿Cómo surge la idea de hacer el documental?


Es una idea de tres compañeros de la Red de Solidaridad Popular (RSP), las Sillas contra el Hambre y las Marchas de la Dignidad, Pep, Toni y Arturo. Pensamos que había que hacer algo para llamar a la movilización de la gente y explicar los proyectos que tenemos. Entonces nos pusimos manos a la obra.


-”Las caras de la dignidad” es un audiovisual de diez minutos sin voz en off de la autora que narre situaciones. ¿Es por algo en particular?


Penamos que la voz en off tenía que ser la de la gente que vamos entrevistando y que participa en la calle. Todo documental tiene un punto de vista. El mío podía ser también el del documental, porque yo pienso igual que los entrevistados. Y ese punto de vista tenía que estar en las voces de la gente, que es la protagonista. Es la gente la que representa las caras de la dignidad.


-Llaman la atención los planos cortos y rápidos. ¿Es esto forma pero también contenido?


Queríamos hacer un documental ligero, también para la difusión por Internet y las redes sociales. Que no fuera una cosa larga. Intentamos en poco tiempo captar la esencia, esa era la idea. Lo importante es que cualquier colectivo, barrio, asamblea o plataforma de parados que quiera hacer difusión del vídeo, contacte con nosotros.


-¿Qué experiencias te llamaron especialmente la atención durante el proceso de grabación?


Me gustó mucho la experiencia de Merche, una chica que está en la PAH de la comarca del Camp de Morvedre (Valencia). Era una persona con problemas con la hipoteca, pero no especialmente. Aunque más adelante sí, como consecuencia de la crisis. Ella veía las movilizaciones de la PAH en la televisión y le parecían interesantes, aunque nunca había dado el paso de ir a una asamblea. Un día iba por su pueblo con el coche cuando vio que había gente de la PAH en un portal, que intentaba parar un desahucio. Pensó que ése era su momento. Paró el coche, se bajó y se juntó con los que estaban allí. Empezó a participar activamente en la movilización.


-¿Te encontraste con casos parecidos de toma de conciencia política a partir del látigo de la crisis?


Cada persona te cuenta un poco su historia, lo que te permite ver cómo les afecta la crisis. Ana María, que sale también en el documental, es una niña de 9 años con cáncer pero con mucha alegría y vitalidad. Es una inmigrante con tres hermanos e hija de madre soltera. Cuando no está recibiendo tratamiento en el hospital, Ana María viene con su madre a la Red de Solidaridad Popular. Tiene tal fuerza... Quiero decir que son historias que pasan a nuestro lado y muchas veces no somos capaces de ver. Cuando la gente activista decimos que estamos cansados porque hacemos cosas y no funcionan, después ves a esta niña enferma que sonríe y tira hacia adelante...


-¿Esta gente es la protagonista de la Historia?


Si, la movilización es colectiva pero, como comentaba Merche, una a una vamos haciendo red y contribuimos a que la protesta sea cada vez más grande. Pero siempre tiene que ser a partir de la aportación de cada una...


-¿Por qué te parece importante rescatar estas historias anónimas?


Estamos muy acostumbrados a que se nos hable de porcentajes de paro o de personas que van a Cáritas, pero no nos paramos a pensar en las historias que hay detrás. Cada una tiene su particularidad. Es impresionante cuando hablas con la gente y te descubre su vida.


-Podías haber realizado un trabajo de archivo, hemeroteca, contexto previo, antecedentes históricos... ¿Por qué has elegido un formato tan directo y breve para mostrar las caras de la dignidad?


Hay muchas veces que con las grandes historias y los relatos grandilocuentes te pierdes un poco y no tocas la realidad de la calle. Sí, se podía haber hecho un trabajo de documentación más exhaustivo y utilizar imágenes de archivo, pero lo que queríamos era estar con la gente a pie de manifestación. Y que cada uno nos contara su pequeña historia. Cómo a partir de una vida normal y corriente, con unos problemas concretos, estas personas han dado un paso para cambiar la sociedad. Hay que ponerles cara, hablar de esas historias... Todo el mundo es capaz, con lo que tiene y su disponibilidad, de ayudar a cambiar las cosas.


-Hacer un documental no es parar un desahucio, ni ocupar una plaza, ni “encerrarse” para pedir alimentos. ¿Qué puede aportar un audiovisual?


Creo que es muy importante documentar todas las cosas que pasan y hacer pedagogía a través del audiovisual. Sería genial que fuéramos conociendo las realidades de más sitios, y que todos juntos nos pusiéramos a cambiar las cosas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos grandes medios. De hecho el documental se ha realizado con medios muy escasos. Por eso lo hemos de “mover” sobre todo en Internet. Tú dices lo mismo en una concentración de las Sillas del Hambre y seguramente no pasa tanta gente por delante, pero un vídeo en la red que se vuelva “viral” tiene una gran difusión. Estaríamos satisfechos solo con que en un pueblo o en un barrio la gente empezara a “moverse” y organizar asambleas gracias a este documental.
 

-Eres una joven militante de 28 años, que se gana la vida como camarera en una empresa de catering. ¿Por qué no has salido del país? El discurso oficial establece que es una forma dinámica y emprendedora de abrirse a nuevas oportunidades y potenciar la formación.


No me creo para nada ese discurso. Los jóvenes estamos en una situación de precariedad absoluta que no hemos elegido. No es que yo elija irme a Inglaterra para mejorar mi inglés, lo que ocurre es que no tengo trabajo aquí. Es una opción impuesta. Además de irnos a trabajar fuera en empleos precarios o de esclavitud, las personas que se quedan porque tienen cargas familiares o porque consideramos que hemos de batallar aquí, tenemos que aceptar empleos en condiciones horribles o tener varios trabajos. Sobre todo, no sabemos qué nos va a deparar el futuro. En cualquier momento te pueden despedir, reducir la jornada o hacerte la empresa algún “chantajillo”. Toda esa precariedad nos impide planificar la vida. Vamos a golpe y porrazo, sobreviviendo como podemos, estudiando a la vez que trabajamos en condiciones penosas. Y en ocasiones teniendo que abandonar a nuestra familia y amigos por tener el pan con el que llenarnos la boca.


-¿Cómo te afecta esa precariedad y esas situaciones de explotación laboral que describes en general?


Como pasas por una empresa por un corto periodo de tiempo, te implicas menos. En mi caso, tengo un trabajo fijo-discontinuo en el que me llaman para trabajar un día y me dan de alta por unas horas. No me llaman todos los días de la semana, sino según la faena que haya. Mientras, si me pongo enferma, la seguridad social no me va a cubrir porque no cuento como trabajadora. Además, no sólo es que cambien los compañeros, sino que si alzas la voz por algo no te llaman otra vez para trabajar. El otro día uno de los jefes nos quitó una hora de sueldo por cenar sin pedir permiso. Y si llamo a “recursos humanos”, me “fichan” y seguramente ya no cuenten conmigo. La hora me la pagan a 6,50 euros brutos.


-¿Qué conclusión sacas?

El trabajo se va precarizando cada vez más. Antes te llamaban a trabajar a las 8 si el evento empezaba a las 10, ahora te llaman a las 9 y en una hora tienes que hacer lo mismo que antes en dos. Además, los jefes nos explotan cada vez más en las horas de trabajo.


-Comentarás estas situaciones en tu círculo de amistades...


Claro, y uno de los problemas es que la gente de clase trabajadora nos hemos creído mucho ese discurso de la “clase media”. Por ejemplo yo vengo de una familia humilde, y como he estudiado en la universidad ya podía creerme que tengo las cosas garantizadas. Pues no es así. Nos hemos creído que por tener formación universitaria nos iban a regalar las cosas. No nos regalan nada. Somos gente trabajadora. Que la situación en un momento dado nos haya permitido estudiar, vale. Pero nuestros intereses son comunes y están enfrentados a los de los grandes empresarios.


-Por último, ¿es fácil conciliar estos intereses teóricamente comunes? ¿Habitan el mismo mundo un joven doctorando y otro sin estudios, que haya tenido que trabajar sin posibilidad de formarse?


Muchas veces lo hablamos en los colectivos en los que participo. Es el elitismo de decir que uno es licenciado y no “pinta” nada con una persona que trabaja limpiando escaleras. Pues no. Eres lo mismo. Sólo que tú has nacido en un periodo en que se te ha permitido estudiar. Además yo he estudiado y continúo trabajando de “limpiona” igual. Hay que hacer pedagogía. El que ha estudiado es el mismo “pringado” que ha de irse a trabajar fuera de lo que sea, y que no podrá trabajar en su vida de lo que ha estudiado. Por mucha carrera que un tenga, va a terminar igualmente explotado. Lo único importante aquí son los intereses de las empresas.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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Portada :: España
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-04-2015

 

 
España sigue sin adherirse, de forma completa, al Convenio Europeo de Derechos Humanos

La Marea
 
                                                                                                                               
             
                                              
En 1950, Roma acogió la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. En 1979, casi 30 años después, España firmó el convenio y lo publicó en el BOE. Pero con reservas. En concreto, sobre los artículos 5 y 6, “derecho a la libertad y a la seguridad” y “derecho a un proceso equitativo”. Lo hacía porque eran incompatibles con las disposiciones del Código de Justicia Militar vigente por entonces.

Aunque las normas que regulan los procesos sancionadores han cambiado durante todos estos años, España mantiene sus reservas. La última modificación, la Ley Orgánica Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, entró en vigor el día 5 de marzo de 2015. Aunque, según la disposición publicada hoy en el BOE, esta nueva norma “avanza en el reconocimiento de las garantías y derechos personales”, sigue sin cumplir los artículos 5 y 6 del convenio.

Y es que la normativa militar española mantiene los arrestos preventivos y aquellos por faltas muy graves de hasta 60 días, un supuesto de privación de libertad que no contempla el convenio en su artículo 5. Además, estas sanciones pueden ser impuestas sin ningún tipo de intervención judicial previa, lo que limita la aplicación del artículo 6, que establece el derecho a un proceso judicial equitativo.

Así, España tiene que mantener sus reservas sobre ambos artículos y sigue sin firmar el convenio en su totalidad, como ha informado hoy en el BOE.

[Artículo publicado originalmente en El Boe Nuestro de Cada Día]



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